La Promulgación de la Ley del Contrato de Seguro

La Promulgación de la Ley del Contrato de Seguro

por Rodolfo Gordillo T.

El Congreso hace unas semanas aprobó casi por unanimidad – hubo una abstención – el texto sustitutorio de dicha ley y la Presidencia de la República tiene plazo hasta el 27 de noviembre para promulgarla.

Pero como sucede siempre, los que no están de acuerdo con la ley, procuran que el Presidente la observe, arguyendo  uno o más motivos con comunicados, artículos ad hoc  o notas en los medios de prensa.

Lo que en verdad pretenden, estando ya el debate terminado, es que este se reabra, que la ley nuevamente se discuta, en definitiva, una vez más, como sucedió con los otros ocho o nueve proyectos anteriores de la misma ley, que esta se archive.

Con falta de perspectiva, se defiende el status quo, el que las cosas sigan como están, como hasta ahora.

Es bueno ejemplificar esta situación.

Los que propugnan que la ley se observe sostienen que las primas de seguros subirán, primero, producto de no permitir la norma aprobada la suspensión automática de cobertura ante la falta de pago y exigir antes un aviso escrito y un plazo de 30 días adicionales.  Dicen que este aviso es redundante y costoso.

¿Qué sucede ahora?

Las compañías de seguros por lo general, y habrá excepción que confirme la regla, mantienen las primas producidas hasta que las normas vigentes, a los 90 días de permanecer impagas, las obliga a provisionarlas si es que se quiere mantener esa producción vigente; en ese momento, para evitar la provisión, casi siempre las compañías de seguros anulan la producción impaga, salvo casos puntuales de asegurados vinculados o importantes.

¿Pero qué sucede con la cobertura mientras tanto?

La norma vigente refiere que la cobertura se suspende automáticamente al momento de producirse el incumplimiento, con lo que, uno, de haber un siniestro, este no está cubierto, y, dos, si el asegurado quiere recuperar su cobertura, debe pagar toda la prima impaga, incluida por supuesto la del período de suspensión de cobertura, en otras palabras,  ponerse totalmente al día.

¿Qué objeto tiene el previo aviso?

Que el asegurado cumpla su obligación y mantenga su protección, dado que puede haber tenido incluso una buena performance  de pago pero haberse descuidado, tener una dificultad , o, en su caso, puede también con lo ya pagado,  tener cubierto el eventual siniestro que pueda ocurrir, por lo que no cabe dejarlo desprotegido y sin cobertura de forma automática.

Un detalle final sobre esto: la ley aprobada dispone en caso de incumplimiento dar un aviso escrito previo y 30 días de plazo antes de suspender la cobertura, por lo que en el mundo de hoy, sobre lo primero, podría pactarse perfectamente en póliza cursar un correo electrónico con acuse de recibo y lectura, y, sobre lo segundo,  fíjense que el plazo siempre sería inferior a la práctica actual de esperar hasta 90 días antes de anular la producción.

Un segundo punto alegado para afirmar que la ley aprobada dará lugar a subir las primas es la exigencia de tener que probar el dolo en el caso que  compañía de seguros quiera dejar sin efecto el contrato por declaración falsa o reticente dolosa,  sosteniendo quienes así argumentan que dichos procesos judiciales incrementaran los costos y facilitarán los fraudes.

¿Qué sucede ahora?

Primero, por sí y ante sí la compañía de seguros deja sin efecto el contrato de seguros cuando entiende que está frente a un asegurado que ha declarado, aun de buena fe,  en forma falsa o reticente.

La norma aprobada, conforme a la mejor doctrina y legislación comparada, protege al asegurado, exigiéndole  a la compañía de seguros que quiere dejar sin efecto el contrato de seguros, que pruebe el dolo del asegurado, esto es, la norma aprobada le exige al asegurador lo que cualquier contratante tendría que hacer frente al otro si eso quisiera lograr.

No obstante, tan importante como la perspectiva legal, es la económica, por lo que es conveniente antes de pensar  en si la nueva norma daría lugar o no a subir las primas,  preguntarnos cómo está la actividad aseguradora, cuáles son sus resultados, cuál su siniestralidad y su ratio combinado.

En ese sentido, con base a cifras oficiales de la SBS, la firma APOYO & Asociados publicó en marzo del presente año un informe sobre el Sistema de Seguros a diciembre de 2011,[1] que podemos resumir en los siguientes datos:

S/. MM                                                        Dic -11       Dic 10
Activos                                                       19,786      17,358
Patrimonio                                                   4,107        3,760
Primas Totales                                             7,326         6,650
U. Neta                                                         899.8           596.5
ROAA (%)                                                       4.8                 3.8
ROAE (%)                                                      22.9              18.2
Ratio Combinado (%)                                     71.5             65.7

Por lo que, con todo fundamento, podemos afirmar que el sistema de seguros peruano está sólido, creciendo bien, con indicadores financieros satisfactorios, y, sobre todo, con un ratio combinado que debe ser materia de sana envidia en otras latitudes.

A dicha situación se llega, sobre todo, con una siniestralidad buena, como la muestra  también el informe de APOYO  tomando como partida para los  ratios de siniestralidad total y retenida los 70% y 60%, respectivamente,  del año 2007:

Año                     Sin. Total (%)                  Sin. Retenida (%)

2010                  38.4                                    38.8

2011                   39.5                                    41.1

En forma adicional, si acaso se pudiera pensar que en lo que va del presente ejercicio 2012 esa situación ha podido variar y ahora el panorama es completamente otro, a continuación se refiere lo indicado por la propia SBS en su informe sobre Evolución del Sistema Asegurador al mes de septiembre de 2012[2], en lo que atañe a la siniestralidad directa, retenida y cedida, que muestra indicadores que si bien experimentan  incremento siempre son muy razonables:

“Entre setiembre 2011 y setiembre 2012, el índice de siniestralidad directa (Siniestros de primas de seguros netas anualizados / Primas de seguros netas anualizadas) aumentó de 38,8% a 46,6%, el índice de siniestralidad retenida (Siniestros retenidos anualizados / Primas retenidas anualizadas) pasó de 38,8% a 45,2% y el índice de siniestralidad cedida (Siniestros cedidos anualizados / Primas cedidas anualizadas) también se incrementó de 37,8% a 52,8%.”

En consecuencia, si esa es la situación de la industria aseguradora en los últimos tiempos, las interrogantes  que deberían responderse son:

– 1°   si más que pensar en subir tarifas habría que reducirlas prudentemente para procurar un mayor crecimiento, particularmente para llegar con productos específicos a segmentos de la población a los que hoy el seguro no accede o accede muy poco, y

– 2°  si la oposición a la promulgación de la Ley del Contrato de Seguros, antes que por la preocupación por la posible subida de tarifas, responde en verdad al interés empresarial – por demás legítimo – de proteger el negocio asegurador en los términos en que actualmente se vienen desarrollando, pero sin tener en cuenta que  el Estado debe, sin descuidar las bases técnicas del seguro, proteger prioritariamente los intereses de los asegurados, sin duda alguna la parte débil del contrato de seguro, que es lo que en nuestro mercado con años de atraso se trata de lograr con la promulgación de la ley aprobada.

Miraflores, 22 de noviembre de 2012


Propósito

Exposición y debate sobre temas de seguros

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